El porque Chilenos siguen protestando, fraudes, corrupción, e impunidad de los Políticos y empresarios (los otros saqueos sin persecución policial)

 corrupcion-en-chile

 

Los saqueos a supermercados y propiedad privada han ocupado portadas en los grandes medios de comunicación nacional y claramente son el debilitamiento del estado en cuanto a su capacidad de poder resguardar la seguridad publica, pero en nuestro país han existido otros saqueos, hechos de corrupción y delincuencia que han gozado de impunidad, incluso algunos han perdurado por décadas, y el país ha seguido funcionando con el beneplácito de todos los sectores políticos que han protegido o han hecho caso omiso a lo que la evidencia de nuestra historia nos muestra.

Es cierto que hechos de corrupción han existido siempre a lo largo de la historia republicana de nuestro país, pero cuando empezaron a ser mas escandalosos fue en la época de la dictadura de Augusto Pinochet ya que como todo mandatario no elegido por nadie, necesito de la colusión de varios poderes del estado para poder funcionar, y el primer ejemplo fue comprarse al poder judicial, en 1977 se aumentaron las remuneraciones en un 76 %, y a los más altos magistrados hasta en un 86.3%, quedando las de los subalternos en un 48,9%. En 1981, a los jueces se les otorgó atención de salud en los hospitales militares, los cuales se consideraban los mejores del sector público. Los aumentos salariales a los jueces continuaron durante el resto de la dictadura, de esta manera el régimen se gano el beneplácito de todo un poder del estado que supuestamente era autónomo del gobierno, y de aquí hacia adelante comenzaron una serie de hechos que han marcado nuestra historia.

 

“Las Privatizaciones por amiguismo y nepotismo en la dictadura”

 

 

“SOQUIMICH”

 

El yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, que de funcionario público se convirtió en pocos años en millonario, siendo en la década del 2010 un líder mundial del mercado del litio. Durante este periodo fue nombrado gerente de empresas y gerente general de la CORFO, adquiriendo luego la empresa estatal Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), al mismo tiempo que trabajaba como miembro de la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender estas empresas y sus filiales.

En SOQUIMICH ejerció como gerente comercial, y sus acciones fueron compradas con la ayuda del ex General Héctor Guillermo Letelier Skinner (quien posteriormente asumiría como director de la empresa, y en democracia sería procesado por el Caso Riggs) a través de la creación de la empresa Pampa Calichera, creada exclusivamente con este fin. Ya en democracia, Contraloría afirmó que las acciones vendidas de SOQUIMICH entre 1983 y 1988 tenían un precio inferior a los estimados, y que sólo se ingresó al fisco el 29%, 53% y 39% de lo correspondiente a los años 1986, 1987 y 1988.La empresa privada SOQUIMICH volvería en los años 2000 y 2010 a estar relacionada con casos de corrupción y fraude fiscal, producto del financiamiento indebido de campañas electorales.

 

“CEMA CHILE”

 

La fundación CEMA Chile, por su parte, administrada por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart de Pinochet, al menos hasta el año 2005 todavía recibía, por ley, recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en más de US$820 mil.

En agosto de 2005, una comisión de la Cámara de Diputados determinó que sólo considerando las privatizaciones más importantes, estas prácticas le valieron al Estado una pérdida de US$6 mil millones entre 1978 y 1990.

 

“LOS PINOCHEQUES”

 

A comienzos de la transición democrática estalló el caso de los llamados “Pinocheques”, nombre que alude a la millonaria suma de alrededor de US$3 millones pagada por el Ejército a Augusto Pinochet Hiriart, el mayor de los hijos varones del general Pinochet, por un negocio vinculado con la empresa Valmoval.

El caso fue investigado por una comisión parlamentaria y por los tribunales y motivó la realización de un acuartelamiento del Ejército que mantuvo en vilo al gobierno del Presidente Patricio Aylwin hasta altas horas de la noche del 19 de diciembre de 1990 y que después fue explicado oficialmente a la prensa como un “ejercicio de alistamiento y enlace”

 

“CASO RIGGS”

 

Pasaportes falsos de Pinochet
Pasaportes falsos de Pinochet

 

El caso Riggs se destapó en 2004. Inicialmente se hablaba de 20 millones de dólares. Incluso, en 2009, un reportaje británico señaló hasta 1.600 millones de la divisa estadounidense. Pero en nuestro país sólo partieron por congelar 6 millones de dólares que tenía en el Banco de Chile. Al final del proceso penal, en 2018, la Corte Suprema ordenó el comiso de 1,6 millones de dólares. Ahora, por la vía civil, el CDE lucha por recuperar 17 millones de dólares en bienes obtenidos ilícitamente por el dictador. Y el SII va a la caza de los impuestos respectivos.

El fallo final -en la arista penal- determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a US$21,3 millones, de los cuales US$17,8 millones tenían un origen ilícito.

Y si bien el dinero debía ser restituido a la viuda del exdictador Lucía Hiriart –de 95 años- y a sus cinco hijos, incluyendo una veintena de propiedades, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago -en octubre de 2018- ordenó retener los US$17 millones de dólares que debían pasar a sus herederos.

 

“En Democracia, con la alegría ya viene instalada”

 

 

Tráfico de armas entre FAMAE y Croacia”

 

El caso del tráfico de armas se remonta a 1991 cuando las autoridades de Hungría interceptaron un cargamento de 11,5 toneladas de armas procedentes de Chile, por valor de unos US$200.000 dólares.

La carga estaba rotulada como “ayuda humanitaria a Sri Lanka”.

Entonces la ONU había decretado un embargo a la compra de armas por parte de Croacia debido a la guerra de los Balcanes, el caso demoro 20 años en resolverse, con algunos militares involucrados cumpliendo penas menores y remitidas.

 

“CASO CHISPAS EL NEGOCIO DEL SIGLO”

 

La compañía chilena Enersis era dirigida por José Yuraszeck junto a sus ex socios en Enersis, Marcos Zylberberg, Luis Fernando Mackenna, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardella. Este grupo de empresarios logró obtener un desmedido precio en desmedro de la gran cantidad de accionistas de la empresa, por lo que fueron acusados de fraude. Esto por la venta del paquete controlador del holding eléctrico a Endesa España, lo que se denominó «el negocio del siglo».

En el juicio que posteriormente se aplicó, los socios estratégicos se vieron obligados a pagar unos USD $75 millones en multas. Básicamente, el fallo declaró que los ejecutivos usaron sus cargos directivos en beneficio propio, la condena pareciuera ser altisima, pero la ganacia fue de USD $400 millones de dolares.

El entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, fue implicado en el caso cuando, de acusador, pasó a ser acusado por aprovechar también su posición como senador de la República y obtener un precio mayor que los demás accionistas.La explicación del empresario fue en ese entonces:

«Yo negocio con el que me ofrece mejores condiciones. Pero la gran diferencia es que lo hago como dueño y sin representar a nadie», declaro Piñera con respecto a Yuraszeck

 

“CASO INVERLINK”

 

El lunes 29 de enero de 2003, un hecho fortuito destaparía uno de los escándalos económicos más relevantes en la historia de Chile. Ese día, el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, recibió por error un correo electrónico que develó que su secretaria, Pamela Andrada, filtraba información privilegiada a la extinta corredora de bolsa Inverlink.

Tras ello, se inició una investigación que descubrió a Javier Moya, tesorero de Corfo, robando documentos de depósitos a plazos para enviarlos a Inverlink. La pérdida se cifró en nada menos que $85 mil millones. De este modo, Corfo presentó una querella ese año y abrió diversas aristas, que luego involucraron nuevas acciones legales y que hasta ahora han permitido recuperar más de $55 mil millones y condenar a varios de los involucrados.

 

“CASO ACCIONES DE LAN”

 

lan-piñera

 

Sebastián Piñera realizó la polémica transacción de acciones de LAN por la que ganó millones sin gastar un solo peso y por la que también se saltó la Ley del Mercado de Valores cuando era director de la aerolínea. Pese al tiempo transcurrido, la operación cada cierto tiempo sigue haciendo noticia, al surgir nuevos detalles del negocio que hizo con acciones de LAN en 2006, una transacción que bordeó los $10 mil millones y que le significó una multa por parte del regulador financiero por no haberse abstenido de comprar estos títulos contando –al momento de efectuar la compra– con información privilegiada. Por entonces, el actual Mandatario participaba en la mesa directiva de la aerolínea, gracias a su condición de accionista mayoritario, junto a la familia Cueto.

 

“CASO PENTA”

 

En el segundo semestre de 2014, se presentó una denuncia por delito tributario en contra de los representantes legales de las sociedades Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda. e Inversiones Perkita Ltda, por el uso indebido de boletas de honorarios y emisión de facturas falsas para disminuir la base imponible de sus respectivos impuestos sobre la renta. Una segunda denuncia recayó sobre Empresas Penta S.A. por disminuir la base imponible de sus impuestos de primera categoría, mediante facturas falsas que daban cuenta de servicios de asesoría nunca realizados. También fueron denunciados los facilitadores de dichas boletas y facturas falsas ingresadas en la contabilidad de dichas empresas.

Este Grupo Penta ayudó a financiar las campañas políticas de diversos políticos, tales como el economista Andrés Velasco o los miembros de la UDI, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne y Pablo Zalaquett y Ernesto Silva Méndez. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, la evasión de estos impuestos entre 2009 y 2010 supera los $2 000 millones de pesos, monto que se incrementó en 2013 producto de las campañas políticas de 2013. Durante las investigaciones, la PDI y el Ministerio Público allanaron la casa de Velasco y una oficina de consultoría relacionada con Golborne.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas a las Empresas Penta —entre ellos sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público.

Al final la condena para los controladores del Grupo Penta fue muy criticada por la opinión publica ya que la resolución, contenida en unas 90 páginas, confirmaba una condena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de $ 857 millones para cada uno de los empresarios, la que corresponde a una sanción del 50% del valor de los tributos eludidos.

Al dar a conocer la sentencia, el magistrado señaló que para que los condenados puedan sustituir su pena de cárcel por libertad vigilada deberán, entre otras condiciones, asistir a clases de ética empresarial.

Algunos de los involucrados en el caso son: Laurence Golborne, Ena Von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, José Antonio Kast, Alberto Cardemil y Jovino Novoa.

 

“CASO CAVAL”

 

Es un crédito que pidió la empresa Caval, de propiedad de Sebastian Dávalos hijo de la presidenta en ese año en ejercicio del cargo Michelle Bachelet y su mujer Natalia Compagnon, al Banco de Chile. La cadena pedía $6.500 millones y, mientras se gestionaba la entrega del préstamo, Sebastián Dávalos mantuvo una reunión con Andrónico Luksic, el dueño del banco. Tras esto, el monto del crédito fue aprobado y fue entregado a la empresa Caval.

Cuando recibió los dineros, la empresa compró terrenos en Machalí, en la Región de O’Higgins. El espacio fue adquirido en $6.500 millones sin embargo, meses después, el plano regulador de ese sector cambió, lo que elevó el valor del terreno, que posteriormente fue vendido a $9.500 millones, “El delito que se comete es uno que tiene que ver con las leyes de mercado de valores y el acceso a información privilegiada. Porque Caval compró en $6.500 un terreno que luego vendió en un monto cercano a los $9.500. La pregunta es, ¿por qué el primer dueño lo vendió a $6.500 pudiendo sacarle $3.000 millones más? el hijo de la presidenta ocupo el cargo de su madre para pedir un préstamo al hombre mas rico de Chile y a la vez de usar información privilegiada para la comprar de terrenos que después revendió.

 

“CASO MOP-GATE”

 

El caso MOP-GATE es considerado el mayor caso de corrupción durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, partió en el año 2000 con el “caso coimas”, que investigaba adulteradas revisiones técnicas que se emitían en Rancagua.

Esta investigación derivó en el pago de sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a través de la empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. (GATE), por la cual el ex ministro Carlos Cruz permaneció 64 días encarcelado en el anexo Capuchinos, que recién el año 2016 fue condenado, cinco años de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado para Sergio Cortés Castro, ex jefe de finanzas de la Dirección de Concesiones del MOP; tres años y un día de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado para el ex ministro Cruz.

 

“CASO PUBLICAM”

 

A fines del 2006 al senador Guido Guirardi el Servel le cuestionó su rendición de gastos electorales y se le acusó de presentar boletas y facturas falsas de empresas ficticias para desviar fondos públicos hacia su campaña electoral. La empresa fantasma aparecía registrada como “Publicam”. Las rendiciones de campaña de los candidatos RN Sebastián Piñera y Lily Pérez también presentaron facturas falsas de Publicam.

Sin embargo, el Servel sobreseyó a los políticos involucrados con el argumento de que éstos desconocían el origen de las mentadas facturas, cuyo monto total ascendía a 55 millones de pesos. El único condenado fue Ricardo Farías, asesor electoral del senador Guido Girardi.

En la misma arista de este caso se descubrió que Girardi asumió públicamente en 2002 su responsabilidad por el envío de 24.000 cartas a militantes de su partido en el marco de su campaña para repostularse como timonel del PPD, las que fueron costeadas por la Presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada en ese entonces por su compañera de bancada, Adriana Muñoz.

 

“CASO MILICOGATE”

 

Milicogate es un caso de corrupción en Chile, específicamente de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas de Chile. El caso fue dado a conocer por el diario The Clinic en 2015, en una serie de reportajes firmados por el periodista Mauricio Weibel Barahona. A marzo de 2019, la indagatoria judicial estimaba en más de $6.100 millones los montos defraudados2

Los fraudes consistían en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados del ejército se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados a las finanzas del ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar estadounidense. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del ejército, como Frasim (Francisco Huincahue), Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto.El encargado de extraer los fondos el cabo Cruz, que trabajaba en la contabilidad del ejército y Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos.

 

“CASO PACOGATE”

 

Pacogate es un caso de corrupción ocurrido en Chile, específicamente de malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile, la principal fuerza policial del país. El caso comenzó a ser investigado en 2016, mientras que los hechos investigados se llevaron a cabo entre 2006 y 2017.

A fines de 2018, el monto fue avaluado en 28 300 millones de pesos,siendo señalado como el mayor fraude en la historia de Chile y como el «caso más grande de corrupción» ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal, iniciado en 2000.En total, 132 personas han sido formalizadas por el caso, tanto civiles como miembros de la institución, incluyendo a altos mandos como el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon.

Existieron tres mecanismos mediante los cuales se realizó el fraude:

Fondos de remuneraciones: se realizaba un depósito a la cuenta bancaria particular de algún uniformado. Éste último luego entregaba el dinero en efectivo a otros cómplices, quedándose con el 10%. Este fue el método utilizado en el depósito que encendió la primera alarma en el Banco Falabella.

Fondos de desahucios: se realizaba una transferencia desde la cuenta de desahucios hacia la cuenta de remuneraciones. De esta manera, se cubrían los déficit que la operación dejaba en remuneraciones.

Fondos de asignaciones: se depositaba a funcionarios que no tenían conocimiento del fraude un exceso de dinero por sobre lo que les correspondía según sus asignaciones. Luego, se les informaba del supuesto procedimiento para hacer la devolución de este excedente, pero entregándoles instrucciones para depositar a una cuenta privada asociada a la asociación ilícita, haciéndoles pensar que esta era en realidad una cuenta de Carabineros.

 

“LA IMPUNIDAD DE JAVIERA BLANCO”

 

Javiera Blanco y Michelle Bachelet
Javiera Blanco y Michelle Bachelet

 

Javiera blanco, ex ministra de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue acusada por una presunta contratación irregular de personal de Gendarmería, donde habría contratado a cuatro funcionarios de esa cartera.

La ex ministra de Justicia fue imputada en el caso Ascar, siendo investigada debido al mal uso de fondos públicos destinados a dicho programa del Sename.

No debemos olvidar el caso Sename donde la ex ministra de justicia fue la principal responsable política del fallecimiento de una serie de menores al interior del centro del Sename, por lo que tuvo que afrontar dos acusaciones constitucionales que no prosperaron.

En todos estos casos salio libre de polvo y paja y ademas fue premiada por la ex-presidenta Michelle Bachelet con un lugar a perpetuidad en el Consejo de defensa del estado, cargo que dejo por la constante presión de la ciudadanía.

 

“CASO SQM”

 

Demócrata cristianos, militantes del PPD, socialistas, fueron financiados ilegalmente por la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, SQM.

El caso SQM llegó a tener 180 formalizados, incluso personas ligadas a campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet.

La trama enfrentaría a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el retraso en la presentación de querellas de muchos casos que estaban próximos a prescribir. Aunque lo que había detrás era mucho más oscuro.

El ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo según declaraciones de el ex subdirector jurídico del Servicio de impuestos internos, Cristián Vargas ejerció duras presiones para que este no siguiera investigando.

 

“PRÉSTAMO DE BANCO ESTADO PARA LUKSIC Y POSTERIOR PREMIO PARA ESTEVEZ”

 

Javiera Blanco y Michelle Bachelet

 

El préstamo fue dirigido a Quiñenco, matriz del Grupo Luksic que tenía entre sus accionistas a Sebastián Piñera, para que pudiera comprar el 51% del Banco de Chile. En ese entonces, Andrónico Luksic era un empresario conocido por dar aportes económicos a las campañas políticas. La situación era sabida por Estévez, ya que en el pasado se había desempeñado como encargado territorial de la campaña que llevó a Lagos a La Moneda en 1999.

Estévez justificó el préstamo diciendo que era parte del “rol social” de Banco Estado, señalando que éste participaría “en todos los buenos negocios” que se le presentaran. El antiguo ministro de Lagos se negó a entregar detalles de la transacción amparado en la ley de bancos, que lo prohíbe.

Tras abandonar la entidad en enero de 2005, el economista de la Concertación asumió como ministro de Obras Públicas. Allí suscribió un contrato con el Administrador Financiero del Transantiago (AFT), en cuya propiedad el Banco de Chile tiene el 20%.

En 2007, Estévez arribó al banco de los Luksic y se integró al directorio de Endesa Chile, empresa de capitales españoles que gestiona junto a Colbún el polémico proyecto Hidroaysén. Esa no fue su única alianza con los intereses empresariales españoles: estuvo por un tiempo a cargo de AFP Provida, perteneciente a BBVA.

 

“COLUSIÓN DE LOS POLLOS”

 

En septiembre de 2014, tres de las más grandes empresas productoras avícolas en el país fueron sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con millonarias multas por el delito de colusión. La justicia determinó que Agrosuper S.A. (Agrosuper), Empresas Ariztía S.A. (Ariztía) y Agrícola Don Pollo Limitada (Don Pollo) acordaron la producción nacional de la carne, otorgándose cuotas de producción para manipular precios.

Este delito, que consiste en un acuerdo entre competidores del mismo rubro, es considerado el más grave en el ejercicio de la libre competencia. “Es todo lo que interfiera en el juego de la libre competencia, por ejemplo, subir precios, repartirse puntos de venta o fijar comisiones comerciales, En el denominado “Caso Pollos”, las empresas involucradas habrían incurrido en este ilícito por más de 15 años.

 

“COLUSIÓN DE LAS FARMACIAS”

 

En diciembre de 2008 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por colusión de precios de 220 medicamentos, ocurrida entre diciembre de 2007 y abril de 2008. La implementación de estas alzas, según la investigación, derivó en el aumento en el precio de los remedios que superaron incluso el 100%.

En la arista penal del caso, según los antecedentes reunidos por el fiscal Jaime Retamal -de la Fiscalía Centro Norte-, tras la denominada “guerra de precios” que sostuvieron desde 2006 Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand – empresas que cubren un 90% del mercado farmacéutico nacional-, ejecutivos de las tres cadenas tomaron contacto con sus contrapartes en los laboratorios, “prestándose estos últimos como intermediarios en un proceso de coordinación de alza de precios programadas respecto de aquellos medicamentos que estaban siendo comercializados con peores márgenes”

 

“COLUSIÓN DEL CONFORT”

 

CMPC (comúnmente conocida como la Papelera) y SCA (ex Pisa) acordaron subir los precios artificialmente y mantener sus porcentajes de participación en el mercado (76% y 24% respectivamente).

Los ejecutivos de las firmas se reunían para intercambiar información sobre alzas de precios y la manera en la que estas se reflejarían en las tiendas. También se comunicaban a través de otros medios, pero como el plan no podía ser descubierto, tenían que ser muy cuidadosos.

Para esto, crearon cuentas de correo electrónico falsas con los nombres de “Mario Soto” y “Macnelly Morales”. Aunque en el 2008 dejaron de usarlos por el destape de del caso de colusión de las farmacias. Además, comenzaron a usar celulares de prepago e incluso en el 2011, CMPC arrojó uno de sus computadores con información crucial al canal San Carlos para deshacerse de la evidencia, el TDLC aplicó a SCA Chile una multa a beneficio fiscal de 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a US$ 18,3 millones) y eximió del pago de multa a CMPC, por haber sido la primera de las dos en haberse acogido al programa de delación compensada. Además, el Tribunal ordenó a ambas empresas adoptar un programa de cumplimiento en materia de libre competencia de acuerdo a las directrices de la FNE por un plazo de cinco años.

 

  “COLUSIÓN DE LOS PAÑALES”

Un nuevo caso de colusión impacto al país y al bolsillo de los chilenos en el 2014: el mercado de los pañales. Con un protagonista que se volvía a repetir: la Compañía Manufacturera de Papeles de Chile (CMPC).

La empresa del grupo Matte, junto a la estadounidense Kimberly Clark, manipularon los precios de dichos productos durante siete años.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por medio de la Subsecretaría de la Niñez y el programa Chile Crece Contigo serán los encargados de distribuir los seis millones y medio de pañales que en total entregará la empresa CMPC.La compensación fue dirigida a las familias más vulnerables del país, por lo que los beneficiarios son los menores que se encuentran en centros del Sename, niños que viven en las cárceles y quienes viven en campamentos.

 

“COLUSIÓN DE LOS SUPERMERCADOS”

 

En enero de 2016, la FNE presentó un requerimiento contra las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU por haber acordado fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de carne de pollo fresca, al menos, entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en este mercado. La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC),El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) acogió la denuncia interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y multó por 8 mil millones de pesos a los supermercados Walmart, Cencosud y SMU por la colusión de los pollos.

En concreto, Cencosud tendrá que pagar una multa de 5.766 UTA, lo que equivale a unos 3.345 millones de pesos, mientras que SMU deberá pagar 3.438 UTA (1.994 millones de pesos) y Walmart 4.743 UTA (2.752 millones de pesos)

Mientras tanto las 3 cadenas de supermercados han negado su participación en estos delitos de colusión y apelaron a la medida.

 

“REFICHAJE ILEGITIMO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”

 

La llamada Comisión Engel resolvió que, para evitar que los partidos se corrompieran buscando financiamiento entre empresarios del mundo privado, era mejor que contaran con financiamiento público. Para acceder a esos recursos públicos, las colectividades debían iniciar un proceso de “refichaje” de sus militantes, para limpiar y ordenar sus padrones, como una forma de pasar la prueba de la confianza ciudadana y esta debería haber sido de dos formas:

  • Validándose una clave única por cada militante (la de ChileAtiende).
  • Mediante la intervención de un ministro de fe.

Estas dos fórmulas permiten certificar el proceso mediante un criterio de verificabilidad, algo que exigen las autoridades electorales de los países democráticos serios. Pero en Chile alguien decidió que no se haría así, sino con una fotocopia enviada por correo, porque los partidos corrían riesgo de no alcanzar a cumplir sus metas de refichaje si se seguía esta dura normativa nueva,  El Servicio Electoral (Servel) determinó que los partidos podían refichar a sus antiguos militantes enviando solo una fotocopia de Carné de Identidad del supuesto interesado por correo electrónico, en esto estuvieron todos los partidos políticos de acuerdo, desde el Frente Amplio hasta la UDI, toda los partidos políticos con representación parlamentaria en la actualidad en teoría son asociaciones ilegitimas.

 

“CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL”

 

Tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua fueron suspendidos por la sospechas de su participación en trafico de influencias y presuntos pagos a jueces en varias causas.

El caso de presunta corrupción instalado en la Corte de Apelaciones de Rancagua tuvo su origen, al menos públicamente, el año pasado. Esto, luego de que el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, presentara una denuncia en la Corte Suprema contra el ministro del tribunal de alzada de esa región, Emilio Elgueta.

Todo esto a medida que avanza la investigación se convirtió en un manojo de varias llaves y aristas que han llevado un profundo fondo que aun no se puede ver por completo, pero que tiene al poder judicial terriblemente cuestionado.

 

“EL SAQUEO Y LA PILLERIA INSTITUCIONAL”

 

crisis-en-chile-politica

 

Cuando toda una corporación política y empresarial que esta en las altas esferas del poder realiza todas estas acciones que no son mas que delitos graves que atentan en contra de todos los Chilenos, es muy difícil que una sociedad no se corrompa completamente, ¿con que moral se pueden construir las leyes, la constitución, y legislar de esta forma? incluso el poder judicial esta involucrado en casos de corrupción y de conflictos de interés, nuestros dos últimos presidentes son una vergüenza en cuanto a como se han movido en el trafico de su influencia política para hacer negocios, como han protegido a compañeros de partido y de coalición, han hecho de la corrupción y de la impunidad una institución, protegida desde la misma presidencia de la república, y así hacia abajo, es muy difícil acusar a funcionarios de corrupción si en los altos cargos se están llevando el dinero de todos en camiones.

Ya pasados 50 días del comienzo de la crisis aun no vemos ninguna ley anti corrupción, algún proyecto de ley que evite que todas estas asquerosidades en el mundo político empresarial vuelvan a pasar, eso es lo que esperaría un país después de saber y enterarse de los daños y perjuicios que han sufrido por la colusion y el mal uso de los fondos públicos, del estado que es ese que alimentan todos los Chilenos desde una empresa pagando metódicamente los impuestos, hasta ese Chileno mas humilde que compra el pan y recibe una boleta con el IVA.

Es increíble que en por lo menos 3 casos detallados en este articulo aparezca el actual presidente Sebastián Piñera, eso debería dar una respuesta clara de porque estallo esta crisis.

Cada vez que un político y un empresario se colude o ejecuta un acto de corrupción, le mete la mano en el bolsillo a todos los Chilenos, eso se llama delincuencia y no tiene otro nombre, mientras estas cosas no cambien, la crisis institucional no dejara de crecer, no dejara de estar en las calles reclamando por justicia, por una ley que sea igual para todos, y que no solo los que han saqueado supermercados sean perseguidos por la justicia, y que caiga todo el peso de la ley, todos los delitos deben ser sancionados, y no seguir con una justicia para Chilenos con poder y otra para la inmensa mayoría que somos todo el resto de Chile.

Luis Mendez

Chileno Con pensamiento Crítico, de Tercera posición

Participa!!! Todos los comentarios serán aceptados siempre en el marco del respeto